Proetarras

Pascual Sala, Adela Asua, Luis Ortega, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps y Eugeni Gay. Estos son los nombres de los seis magistrados del TC que han permitido que la Eta vuelva a presentarse a las elecciones.

Después de la última infamia cometida por el TC ahora muchos se acuerdan de las acertadas palabras de Mayor Oreja cuando advirtió hace más de un año que el gobierno y los terroristas estaban negociando de nuevo. Entonces fue menospreciado...hasta por sus propios compañeros de partido.

Son legión los que no olvidan la pasividad, cuando no colaboración, que han mantenido los miembros del Gobierno socialista con la banda terrorista. Siguiendo el guión (mejor con tilde) establecido por los asesores zapateriles, se decidió tratar como interlocutores políticos a los asesinos y marginar a las víctimas. Por eso se explican las situaciones tan denigrantes que se han producido en los últimos años: la inclusión del Partido Comunista de las Tierras Vascas en las elecciones autonómicas vascas de 2005, la negociación infame mantenida con ellos (después de los atentados de la T-4 y vigente, de facto), la excarcelación de De Juana Chaos y la reciente de Troitiño y, sobre todo, el gravísimo chivatazo del bar faisán.

Nada de lo relatado parece ser lo suficientemente grave como para que alguien de los que dicen representar a los ciudadanos españoles pague por ello. Tampoco parecerá una prueba de peso para ilegalizar Bildu que el veterano etarra Andrés Errandonea aprovechara su salida de la cárcel para mofarse de todos los españoles y pedir el voto para el nuevo partido proetarra. ¿Cuántas evidencias más necesitan para ilegalizarlo?

Cuando el poder está tan viciado la línea que separa a las víctimas de los verdugos es casi inexistente. Y quienes más de cerca sufren esta infamia son los policías y guardias civiles que ponen su vida en juego para garantizar la seguridad de todos. Debe ser duro asimilar que tu pellejo es una cuestión menor para quien solo piensa en ganar elecciones.

Llegados a este punto, la conclusión no puede ser más desalentadora. Tenemos un gobierno que a través de la Justicia ha hecho todo lo posible para que los terroristas vuelvan a obtener votos, es decir, legitimidad democrática y dinero, mucho dinero.

Ellos, los políticos, seguirán en sus despachos preocupados por el resultado de las próximas elecciones, de las que dependen para seguir conservando sus privilegios. Las víctimas son un estorbo, y poco les importa escuchar a las familias que han vivido en sus carnes el terror nacionalista. Ni siquiera sentirán vergüenza cuando vayan a consolar a la próxima viuda que haga Eta. Ni vergüenza ni responsabilidad. Es lo que sucede cuando se defiende la vuelta de los etarras a los ayuntamientos con la misma cara con la que antes se les condenaba. ¿Acaso se les puede llamar de otra forma que la que encabeza este artículo?