Cuando el prevaricador Baltasar Garzón dijo que en Paracuellos no hubo delitos contra altos cargos de la nación -burda excusa para no investigar estos crímenes y sí otros-, pasó por encima de la memoria de más de setecientos jefes militares y muchas otras personas con cargos públicos de relevancia. Basten algunos ejemplos:
Federico Salmón, exministro de trabajo de la República. José del Moral, diputado por La Coruña (1933-1936). Ricardo Cortés Villasana diputado de la CEDA por Palencia. Miguel Colom, concejal del Ayuntamiento de Madrid y antiguo diputado del Partido Conservador. Jesús Cánovas del Castillo, diputado conservador entre 1921 y 1923. Mateo García de los Reyes, exministro durante la dictadura de Primo de Rivera. Joaquín de Montes, ministro de Justicia en 1930 durante la dictablanda de Berenguer. Pablo Callejo, magistrado. Jorge Fernández Heredia, teniente general. Juan Micheo, general de Brigada. Esteban Martínez Cabañas, general de Marina. Juan Magaz, almirante.
La asociación que presentó la querella -La Asociación de Familiares y Amigos del genocidio de Paracuellos del Jarama- pidió que se investigara a Carrillo -todavía hoy vive- por aquellas matanzas.
¿El resultado?
Garzón acusó a los querellantes contra Santiago Carrillo de haber tenido “mala fe procesal, abuso de derecho y fraude de ley”. Además hizo propios los argumentos del Ministerio Fiscal en el auto: “los decretos leyes y leyes de amnistía dictados el 25 de noviembre de 1975 […] vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra Guerra Civil”.
El exjuez ha demostrado que la doble vara de medir (cada una ajustada a un bando de la guerra) es lo suyo.
¿Se puede esperar imparcialidad de alguien que volvió a la carrera judicial tras ir en las listas del PSOE en las generales de 1993?
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